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Reinstalan servicios financieros a la industria del cannabis

Por Miguel Díaz Román
Especial para Revista Crónicas

La industria del cannabis medicinal y sus clientes podrán continuar realizando sus transacciones económicas a través de la cooperativa TuCoop, luego de que el juez Anthony Cuevas Ramos, del Tribunal Superior de San Juan, avaló en la mañana de hoy una petición de interdicto para impedir que el Banco Cooperativo suspendiera los servicios financieros a esa cooperativa.

Desde el 31 de enero, tras el cierre unilateral de la cuenta corporativa de TuCoop  por parte del Banco Cooperativo, la industria del cannabis y sus dispensarios estaban realizando en efectivo todas sus transacciones económicas, desde vender a los clientes los productos hasta pagar la luz, el agua y la nómina de sus empleados. 

TuCoop es la única entidad financiera en todo Puerto Rico que ofrece servicios a la industria del cannabis medicinal y a sus dispensarios. 

“El Tribunal le ordena al Banco Cooperativo la apertura de esas cuentas. El Banco Cooperativo no podía dejar sin efecto el convenio (con TuCoop) así porque si”, sostuvo el juez Cuevas Ramos, en alusión a que nunca estuvieron claras las razones para el cierre de la cuenta de parte del Banco Cooperativo. 

Tras el juez dejar saber su decisión se oyeron expresiones de satisfacción entre el público presente en la sala 905 del Centro Judicial de San Juan, en su mayoría integrado por los dueños de dispensarios y cultivos de cannabis medicinal y sus abogados.

Desde el inicio de la vista el juez Cuevas Ramos dejó saber su incomodidad con la aparente contradicción entre dos cláusulas de contrato entre Banco Cooperativo y TuCoop. 

Una de las cláusulas especificaba de manera detallada las causas para inhabilitar el acuerdo, entre las que figuraban el fraude, información falsa o determinados incumplimientos. 

Mientras que en la otra cláusula indicaba que Banco Cooperativo podía dar por terminada la relación contractual de manera unilateral y sin ofrecer explicaciones de esa determinación. 

“Es una cláusula ‘zafacón’ donde por cualquier razón se puede terminar el contrato, mientras la otra es bien específica. Éste es el asunto medular, cómo pueden coexistir ambas cláusulas”, sostuvo un tanto contrariado el juez Cuevas Ramos.

Por su parte, el licenciado Jorge Peirás, representante legal de Banco Cooperativo, negó que ambas disposiciones del contrato fueran contradictorias  y reconoció que aunque la cláusula que le permitía al Banco Cooperativo finalizar la relación contractual de manera unilateral  “no dice que es de terminación inmediata, esa es la intención. Aquí no deben haber sorpresas”.

El licenciado Jaime Albizu Lamboy, representante legal de TuCoop, se quejó de que el Banco Cooperativo jamás ofreció una explicación precisa para la terminación del contrato y que a pesar de las gestiones de TuCoop para entablar conversaciones con la institución bancaria “siempre hubo una negativa al diálogo”. 

Albizu  Lamboy describió la citada cláusula como una contraria a derecho “porque pueden cancelar (el contrato) en cualquier momento”.  

El abogado agregó que la ley que dio paso al cannabis medicinal en Puerto Rico (Ley 42 de 2017) dispone que son las cooperativas las que deben ofrecer servicios financieros  a esa industria y que el Banco Cooperativo es la entidad que garantiza a las cooperativas del país el acceso en línea para tarjetas de crédito y débito, cuentas de depósitos así como otra gama de servicios financieros necesarios. 

Peirás aclaró que el Banco Cooperativo no había cancelado el contrato, sino que decidió “cerrar la cuenta de TuCoop”. 

Agregó que en Puerto Rico existen otras instituciones bancarias que pueden ofrecer los servicios que Banco Cooperativo provee a TuCoop, “como hay cooperativas que reciben servicios con bancos privados y no con el Banco Cooperativo”.

El ex juez presidente de Tribunal Supremo de Puerto Rico, Federico Hernández Dentón, quien es abogado de la Asociación Puertorriqueña de Empresas del Cannabis Medicinal (AEPCM), planteó que debido a la prohibición federal que pesa contra las prácticas de lavado de dinero originado en el narcotráfico en las instituciones bancarias, la banca privada (la local y la de los Estados Unidos) ha cerrado el paso al manejo de transacciones financieras provenientes de la industria del cannabis.  

Hernández Dentón indicó que por esa razón y para evitar el lavado de dinero, la Ley 42 dispuso una rigurosa reglamentación a la industria del cannabis. 

Sostuvo que  “la política pública es permitir la industria del cannabis reglamentada y que el dinero que genera esa industria se debe depositar en las cooperativas, como un mecanismo para inyectar los fondos que se perdieron (las cooperativas) en los bonos del gobierno”.

El ex juez presidente dijo que el Banco Cooperativo también fue creado por ley para ayudar en el crecimiento del sector cooperativo y que por esa razón la institución bancaria “no podía actuar en total aislamiento de la política pública”. 

El licenciado Harold Vicente, quien también representó a la AEPCM, expresó que el Banco Cooperativo no tiene “absoluto derecho a terminar el contrato”  y catalogó esa acción como de “mala fe” y anunció que sus clientes se reservaban el derecho a reclamar daños y perjuicios “porque (el Banco Cooperativo) ha cerrado una industria completa”.

En respuesta, el licenciado Pierás negó que la determinación del Banco Cooperativo de cerrar la cuenta de TuCoop fuera producto de la mala fe y dejó entrever que posiblemente los directivos de la institución comenzaron a tener reservas con la industria del cannabis debido a las grandes sumas de dinero que circulaban a través de TuCoop. 

Pierás dijo que su cliente aún no había de decidido si acudirían al Tribunal Apelativo en busca de que la revocación de la decisión del juez Cuevas Ramos.

Por su parte, el licenciado Felipe Sanabria, representante legal de la empresa Herbal Biothecnology, señaló que la suspensión de los servicios financieros a TuCoop entrañaba daños a los clientes y comerciantes del cannabis medicinal, debido a que todas las transacciones se debía realizar en efectivo. 

“Hay empresas que pagan $80,000 de luz al mes. Yo no sé cómo se puede manejar esa cantidad de dinero al mes en efectivo. Esto provoca un ambiente peligrosidad por la criminalidad del país y coloca a estas empresas en una posición vulnerable”, indicó Sanabria.

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